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Vilanova

Vales pide dos años y medio de cárcel para Durán y 30.000 euros por injurias y calumnias

María José Vales, en una sesión plenaria
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Gonzalo Salgado
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La líder socialista de Vilanova, María José Vales, solicitó la apertura de juicio oral por la causa abierta contra el alcalde, Gonzalo Durán, por presuntas injurias y calumnias. Tras las diligencias de instrucción realizadas, que incluyeron la toma de declaración al regidor y consulta de otras causas ligadas a esta, la acusación particular pide ahora para el regidor una pena de dos años y siete meses de prisión por un supuesto delito continuado de calumnia y una multa de 21.600 euros (a razón de 40 euros diarios durante 18 meses) por injurias. Asimismo, reclama también una indemnización de 30.000 euros por el “especial daño moral ocasionada por las inustas y falsarias imputacions realizadas por el acusado”.

En esta misma línea, la denunciante reclama que se elimine “de cualquier página web o redes sociales de la que sea responsable el acusado todos los artículos publicados relativos a los hechos enjuiciados y publicar la sentencia condenatoria (en caso de haberla) en la misma forma y espacio en que se publicaron” las acusaciones “techadas de delictivas”.

Los hechos a investigar se remontan así a la campaña electoral de 2023, cuando el alcalde y candidato popular hizo público a través de varias intervenciones ante los medios la acusación contra la aspirante socialista de que tenía algún tipo de causa abierta por su anterior gestión al frente de la Cofradía, en su etapa de patrona mayor.

Así, en un primer momento, Durán apuntaba a un papel de la Fiscalía en el que aparecía el nombre de Vales, de la que el propio Ministerio público aclaró por escrito que el nombre de la socialista había sido incluido por error. Pese a ello, el popular mantuvo la acusación pública  de que la socialista sería investigada. Hechos por los que Vales presentó finalmente una querella contra Gonzalo Durán por posibles injurias y calumnias, por lo que ahora pide a la Justicia penas de prisión, además de una indemnización de unos 30.000 euros.

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