O Salnés impulsa un plan de espacios seguros para menores en casos de violencia machista

El CIM de la Mancomunidade do Salnés celebró la III Mesa Comarcal de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero con el objetivo principal de reforzar la cooperación entre las diferentes administraciones y agentes para reforzar los mecanismos de prevención, detección y atención de las víctimas de violencia machista en la comarca. Una cita que sirvió también para avanzar en un protocolo de conciliación para la atención de los hijos menores de 3 años de las víctimas de violencia contra las mujeres durante los procedimientos judiciales y de investigación de estos delitos.

Esta propuesta pionera todavía está pendiente de aprobación, pero serviría para ofrecer una alternativa segura para que los menores sean derivados a un centro donde pueden estar atendidos mientras la víctima afronta el proceso de la denuncia. Una iniciativa que se suma a otro protocolo aprobado ayer destinado a la atención en primera estancia de aquellas víctimas que precisen acudir a un recurso residencial, de forma que se les ofrecerá un servicio de emergencia en el entorno antes de incorporarse a la red gallega de casas de acogida, garantizando la protección y la privacidad de las víctimas.

Balance anual

Lo cierto es que el CIM comarcal —que presta servicio en los concellos de Cambados, Vilanova, Meaño, Meis y Ribadumia— recibió el pasado año 2.300 consultas de mujeres, siendo cerca del 20% de los casos a víctimas de violencia machista, según destacó la directora del CIM, Mariña Varela. Un porcentaje que aumenta considerablemente con respecto al pasado año, por lo que apremia la fortalecer la colaboración entre las administraciones a través de la Mesa Comarcal.

Asistieron a la cita representantes de la Subdelegación del Gobierno, el director xeral de Loita contra a violencia de xénero de la Xunta, Roberto Barba; alcaldes y concejales de los concellos adheridos a este CIM comarcal, agentes de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, representantes del ámbito judicial y de la  Fiscalía, pero también de la comunidad educativa y del sistema sanitario, entre otros. Una colaboración necesaria para identificar las áreas de mejora con el objetivo optimizar la detección y atención de los casos una vez analizada la situación actual en los concellos.