Rechazo en O Salnés por la implantación de la baliza V-16: “A medida ten moitas contradicións”

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen en España deberán llevar en su interior una baliza V-16 conectada, un dispositivo que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia y que tiene como objetivo primordial reducir la siniestralidad en las carreteras, evitando que los conductores tengan que salir del vehículo en situaciones de emergencia. De este modo, todos los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales están obligados a portar este dispositivo. Las motocicletas quedan exentas, aunque desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recomiendan igualmente su uso por motivos de seguridad.

Pese al carácter protector de la medida, su implantación no ha sido muy bien recibida por muchos vecinos de la comarca de O Salnés, quienes expresan su malestar en los establecimientos locales cuando acuden a comprar la baliza. “Eu vexo que a xente está furiosa, porque din que a medida ten moitas contradiccións”, señalan desde Ferretería Valladares, en Sanxenxo. Así, a pocas semanas de que la obligación entre en vigor, todavía son numerosos los clientes que se resisten a adquirir el dispositivo, ya sea por temor a que la normativa vuelva a cambiar en unos años o por considerarla “unha estafa”, según apuntan algunos negocios de la zona.

Bulos

La divulgación de bulos en internet tampoco ha contribuido a su aceptación, generando aún más confusión y enfado entre la población. “Hai quen se nega a compralas porque din que só se aplica aquí e que no resto de Europa non hai lexislación, ou que non vai ser útil porque a máis de 100 metros non se ve... Esas cousas son as que se escoitan aquí”, comentan desde Electrodomésticos Leiro, en Vilanova.

Este contexto de desinformación ha obligado a la propia DGT a desmentir varias afirmaciones falsas que alimentan el malestar general. De esta forma, en un comunicado oficial aclaran que, aunque la baliza no está implementada en otros países europeos, su uso es válido en todos los estados firmantes de la Convención de Viena (un acuerdo internacional que explica como deben interpretarse los tratados entre países), entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y otros. Asimismo, los vehículos matriculados en países extranjeros adheridos al acuerdo y que circulen por España, se considerará que cumplen con la normativa si portan los triángulos o cualquier otro dispositivo implementado en su nación de origen.

También, otra de las principales preocupaciones y que la DGT se ha encargado de desmentir es respecto a la función de geolocalización del dispositivo. Muchos consideran que esta característica implica estar ubicado constantemente y mismo tener que hacer uso de datos personales, cuando la realidad es que la baliza solo transmite la ubicación del vehículo al activarse y los datos que se comparten son anonimizados. Además, no es necesario una app o un móvil para funcionar, sino que la V-16 ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

En esta línea, otro de los muchos bulos proliferados es que aquellas personas que no consten de la baliza en sus vehículos pueden enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros, cuando la verdadera sanción es de 80 euros, misma cantidad establecida para los triángulos. Este tipo de desinformaciones generan que, pese a los retractores del nuevo dispositivo, otros muchos se lancen a comprarlo antes de que finalice el año, ocasionando que en ciudades como Vilagarcía establecimientos como La Ferretería Sobrino se hayan quedado sin stock y acumulen reservas.

“Agora volve a haber bastante demanda. De feito, no almacén onde collemos nós as balizas, hai 15 días había como 10.000 e a semana pasada dixéronnos que solo quedaban 800”, comentan desde la Ferretería Trazos de Cambados.

Precios

En cuanto al coste de los dispositivos en la comarca, estos oscilan entre los 36 y 49 euros dependiendo de los proveedores, pero según señalan desde la Asociación Española de Consumidores (Asescon), comparando precios entre establecimientos de todo el territorio nacional, el coste puede ir desde los 30 hasta los 90 euros en el mercado, suponiendo un gran desembolso económico para algunas personas.

Por ello, desde la Asescon solicitan que como medida social se evite el cobro del IVA de estos productos y se devuelva fiscalmente a quienes aporten la factura de haberlo pagado. “Estamos hablando de aproximadamente 250 millones de euros que entendemos que estarían mejor en el bolsillo de los consumidores”, exponen.