El PSOE reclama explicaciones al alcalde de Rianxo por la “desigual” aplicación de la ordenanza fiscal de vados y reserva de aparcamiento exclusivo
El PSOE rianxeiro, en su labor de fiscalización sobre la aplicación de las ordenanzas fiscales, en concreto de la reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras -vados- y reserva de aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías, advierte que se está produciendo una situación “cada vez máis preocupante” por “a falta de seguridade xurídica” y “trato desigual que entre a veciñanza”. Así, tras solicitar la paralización de las cartas de pago, reclamar la modificación de esa ordenanza fiscal, pedir aclaraciones a la Alcaldía e instar a la emisión de un informe jurídico específico, su portavoz, Óscar Rial, presentó una iniciativa para conocer si el gobierno local llegó a solicitar alguna revisión jurídica de cómo se aplica esa tasa.
Desde el partido del puño y la rosa recordaron que los servicios jurídicos municipales no revisan de oficio todas las actuaciones administrativas, “pois o habitual é que actúen por petición expresa da Alcaldía, Concellería, Secretaría ou Intervención ou cando existe un recurso ou procedemento que require pronunciamento xurídico”, señalan desde la formación progresista de Rianxo. Por eso, el concejal del PSOE le pregunta a Julián Bustelo si la Alcaldía pidió alguna revisión jurídica de la aplicación de esa ordenanza fiscal y si existe algún informe de los servicios jurídicos municipales advirtiendo sobre esa situación.
Mayor relevancia
Los socialistas dicen que la cuestión “cobra maior relevancia ao comprobar que o goberno local emitiu cartas de pago solo a un grupo de veciños, mentres que, tralas alegacións, nalgúns casos se paralizaron expedientes, pero noutros seguen practicándose os mesmos cobros, aplicando idénticos criterios”. Así, el PSOE cree que la situación evidencia una aplicación “desigual” de la ordenanza que, a su juicio, resulta difícil de justificar desde el punto de vista de la igualdad tributaria. “Se o propio Concello admite revisar ou suspender expedientes tralas alegacións formuladas, non se entende que siga mantendo diferentes criterios respecto doutros veciños que se atopan en situacións similares”, dice.
“O que non pode facer este goberno é indicar que se aplique unha mesma ordenanza dun xeito para uns veciños e doutro para outros. Debe ser igual para todos”, sostiene Rial Lago, quien recuerda que lleva más de un año advirtiendo de la posible discrepancia entre el texto de la ordenanza y el criterio usado para practicar las liquidaciones, y reclamando una solución basada en la seguridad jurídica, transparencia y modificación de la ordenanza si fuese necesario. “A ordenanza non recolle a forma de cobro que se leva a cabo e por iso solicitamos que o alcalde aclare a situación con ese informe xurídico sobre a ordenanza” y cuál fue el criterio para decidir qué expedientes continúan tramitándose y cuáles se paralizan, así como que informe si existió o no algún informe jurídico previo sobre esta cuestión.
