Acusan a un varón de agresión sexual continuada a su hija menor y abandono de familia en Boiro

La Fiscalía acusa a un hombre de un delito continuado de agresión sexual a su hija que era menor de edad en el momento de los hechos que se le atribuyen, así como otro de abandono de familia, en la modalidad de incumplimiento grave de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad. Sostiene que esas acciones ocurrieron durante el año pasado en el domicilio en Boiro del procesado, así como en otra estancia en Ourense.

El Ministerio Público pide para el encausado 5 años de prisión por agresión sexual continuada, su inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento por 10 años, prohibición de aproximarse durante 8 años a menos de 500 metros de la víctima, domicilio, lugar de trabajo, aunque no esté en ellos, o cualquier lugar en que se halle, y prohibición de comunicación con ella en el mismo tiempo; libertad vigilada durante 5 años e inhabilitación especial de 10 años para profesión u oficio, retribuido o no, que lleve contacto regular y directo con menores.

Petición de condena

Y por abandono de familia pide al acusado 5 meses de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. Igualmente, solicita su inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por 6 años y la pena accesoria de prohibición de aproximarse durante 3 años a menos de 500 metros de su víctima, domicilio, trabajo, aunque no se encuentre en ellos, o cualquier lugar en el que se halle, y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio directo o indirecto por mismo tiempo. Y como responsable civil, pide que el procesado indemnizará a la víctima en la cantidad de 10.000 euros.

En relación con estas acusaciones, la sección compostelana de la Audiencia señaló para el 29 de abril (10.30 horas) una vista preliminar para que las partes puedan alcanzar una conformidad, pues en caso contrario se procederá a fijar una fecha para el juicio. La Fiscalía solicitó que las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada para “la adecuada protección de los derechos fundamentales de la víctima en particular, su derecho a la intimidad y para evitarle perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso.