El PP califica de “inxustificada” y “abusiva” la subida en los recibos del agua del último trimestre en Boiro

El grupo municipal del PP de Boiro reaccionó ayer a las quejas vecinales que se hicieron públicas por la subida “desorbitada” en los recibos del agua del último trimestre y que su portavoz, Fernando García Diéguez, la califica de “inxustificada” y “abusiva” pues sostiene que, de ese modo, la práctica totalidad de los hogares superan el consumo mínimo, "y si las lecturas hubiesen estado al día, es más que posible estas cantidades a pagar hubiesen sido muy inferiores que cargando todos los atrasos en un trimestre". 

Además, reprocha que el Gobierno no dio explicación alguna, pero añade que esa subida se pudo deber, tal y como sospechan los afectados, a que en varios trimestres no se hizo la lectura de los contadores y ahora se cargó la totalidad de las lecturas pendientes. Su portavoz calificó de “vergüenza” la respuesta que se les estuvo ofreciendo a los acudieron a pedir explicaciones de que tendrán fugas. En este sentido, dijo que eso supone una "falta de respeto hacia los vecinos que pagan los sueldos millonarios del alcalde y sus concejales", y acusa al Ejecutivo local de “escurrir el bulto” en este asunto. 

García Diéguez incide en que desde que el socialista José Ramón Romero llegó a la Alcaldía de Boiro la gestión del suministro de agua "ha sido cualquier cosa menos ejemplar y esta subida en los recibos lo demuestra". Ahondando en esa cuestión el edil popular afirma que los Vecinos son los perjudicados y que "ducharse en Boiro con este gobierno socialista va a pasar a ser un artículo de lujo". 

Reclamaciones

Desde el PP boirense animan a los vecinos a comprobar sus recibos y presentar las reclamaciones correspondientes ante el Ayuntamiento por estos incrementos, "así como el posible cobro indebido que pudiera existir", precisó Fernando García, quien aprovechó para manifestar que "el alcalde con el sueldo más alto de O Barbanza no sufre esta subida injustificada del recibo del agua por su incompetencia como si les pasa a las economías familiares". 

Desde el PP de Boiro indicaron que en el pleno del pasado jueves preguntaron por las razones de este "incremento exagerado" del recibo de agua y la contestación que recibieron por parte del teniente de alcalde, Luis Ruiz,  fue que estaban haciendo una auditoría, "en otras palabras, que ni sabía ni le interesaba", precisó el concejal popular. Por ello, pide una explicación coherente a este perjuicio a los vecinos y la devolución de los cobros indebidos por un error ajeno a los usuarios. "Con la subida de este recibo de agua, sumada al incremento del 25% del IBI del 25%, los vecinos de Boiro ya están preocupados ante el próximo golpe fiscal del alcalde", apostilló García Diéguez.

"Un escándalo", según UCIN

Por su parte, Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Boiro considera lo sucedido “un escándalo”, precisando que afecta a cientos de vecinos, llegando en muchos casos a duplicar o incluso triplicar lo habitual pese a mantener un consumo estable, y dice que esa circunstancia confirma que la gestión del agua en la localidad está “fuera de control y sin una supervisión técnica mínimamente seria”. Tilda la respuesta ofrecida a los afectados de “injusta, torpe e irresponsable”, pues precisa que el problema afecta a un número tan elevado de hogares que resulta imposible atribuirlo a fallos individuales. Precisa que si se confirma la existencia de errores o negligencias, "deben asumirse responsabilidades sin más excusas" y, consecuentemente, pide la dimisión del concejal de Obras y Servicios, al considerarlo "el responsable político directo de esta situación".

El coordinador local de UCIN, Miguel Piqueras, este problema se suma al reciente “atraco” del 25% adicional del IBI y que, a su juicio, refleja “la incapacidad de un gobierno que solo sabe meter la mano en el bolsillo de los vecinos mientras descuida servicios públicos esenciales”. Ante la magnitud del "descontrol", la formación independiente exige medidas inmediatas y contundentes, entre ellas, la realización de una auditoría pública del sistema de lectura y facturación del agua.

Igualmente, demanda la revisión gratuita de todas las facturas denunciadas, la suspensión temporal del cobro de los importes inflados, y un informe técnico transparente que aclare qué falló, por qué ocurrió y cómo se evitará repetir el desastre. Para Piqueras, “la situación ha desbordado todos los límites razonables y alguien debe responder por ello” y que "los vecinos ya han tenido suficiente. Ahora le toca al gobierno local dar la cara y asumir su responsabilidad”, concluyó.