La Audiencia condena a 2 años de cárcel a cada uno de los acusados de estafa en concurso con falsificación de moneda, pero evitan ingresar en prisión

Las cuatro personas acusadas del concurso de delitos continuados de falsificación de moneda y de estafa, por los que la Fiscalía les pedía inicialmente 11 años de prisión a cada uno y una multa de 65.000 euros, fueron condenados a dos años de cárcel, pero evitarán el ingreso en la misma al acordarse su suspensión por un periodo de cinco años. Además, tampoco deberán hacer frente al pago de la referida sanción económica que se solicitaba desde el Ministerio Público. 

Sin embargo, según se dio a conocer en la sentencia ‘in voce’ dictada por el magistrado, y que es firme, tendrán que hacer frente, conjunta y solidariamente, al pago de un total de 49.214 euros en concepto de indemnización a los bancos estafados –Banco Santander, que fue el más perjudicado, con una cantidad que rondó los 30.000 euros, Caixabank, BBVA y Banco Sabadell-, y que tienen de plazo los cinco años de suspensión de la pena para abonar esa cantidad, correspondiéndole a cada uno de ellos el desembolso de 12.303 euros, sin que reincidan en la actividad delictiva, y en caso de impago quedará anulada la suspensión del condena y deberán ingresar en prisión. 

Ello fue fruto de un acuerdo de conformidad al que llegaron, después de las negociaciones mantenidas durante varios días entre los tres abogados penalistas que representaron a los procesados -los ribeirenses Luis Fernández y Manola Sobrido y el coruñés Víctor Bouzas- y el representante de la Fiscalía, y que fructificaron instantes antes de entrar en la sala de la sección compostelana de la Audiencia Provincial para la celebración del juicio que se había señalado para las diez de esta mañana. 

Cambio de calificación

Así, el fiscal accedió al cambio de la calificación del delito que se les atribuía en un principio, en el que la petición que hacía consideraba la condena más alta por la falsificación de moneda, y finalmente les atribuyó una estafa en concurso con un delito de la referida falsificación. El Ministerio Público apreció que en los acusados había buena fe al cambiar dólares por euros y que, pese a que los distribuyeron por diferentes entidades financieras no eran conocedores de la falsedad de ese dinero.

Se trata de una causa que acumuló seis años de instrucción y con múltiples tomos en su sumario en el que el abogado penalista ribeirense Luis Fernández llevó la defensa de dos de los investigados y su compañera Manuela Sobrido hizo lo propio con un tercero, ambos a través del infravalorado turno de oficio, pero en el que trabajos como éste que han hecho ponen en valor al mismo, y el letrado coruñés Víctor Bouzas se encargó de la representación de pago del cuarto acusado. Los tres abogados quisieron destacar la generosidad del Ministerio Fiscal en la negociación y que facilitase que se pudiera llegar a un acuerdo.

Conclusiones provisionales

Cabe recordar que los tres hombres y la mujer que se sentaron en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder, inicialmente, de los delitos continuados de falsificación de moneda y de estafa, en una causa procedente de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira, se había suspendido hace aproximadamente un año debido a que dos de los cuatro procesados no fueron localizados. El Ministerio Público solicitaba en su escrito de acusación o de conclusiones provisionales la pena de 11 años de privación de libertad para cada uno, una multa de 65.000 euros y que indemnizasen, conjunta y solidariamente, a los bancos afectados.

La Fiscalía sostenía que los cuatro procesados actuaron de común y previo acuerdo, y dentro de un plan concertado, para introducir entre septiembre de 2019 y enero de 2020 en el tráfico mercantil, a través de entidades financieras de Ribeira, A Pobra, Boiro y Vilagarcía, “dólares que simulaban ser originales, a sabiendas de su falsedad, lucrándose con el cambio”. Entonces, indicaba que los procesados acudieron a los bancos y retiraron de sus cuentas el contravalor en euros de los billetes americanos que entregaron y cuyo importe total ascendía a 52.500 dólares, cantidad que finalmente se fijó en los citados 49.214 euros.