La Asociación Galega de Viticultores exige que las ayudas a bodegas para la compra de uva estén vinculadas a un “prezo xusto” al productor
La Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas está inmersa en plena campaña de vendimia para este año 2026, que se prevé, un ejercicio más, muy cuantioso en cuanto a kilos, al haberse incrementado las plantaciones, pese a que los rendimientos parecen ser algo más bajos. Una vendimia que supera ya su primera semana sin que algunas de las explotaciones y grandes cooperativas, como Condes de Albarei, iniciasen todavía la cosecha a espera de que remitan las lluvias de esta semana, que podrían propiciar unas excelentes condiciones para terminar de poner a punto el fruto.
Como fuere, la vendimia supera sus primeros compases con el ojo puesta en la calidad de la uva, pero también en su precio, que pone en alerta a sindicatos y viticultores de todas las subzonas. De hecho, la Asociación Galega de Viticultores (AGV) criticó que la convocatoria de ayudas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para financiar a las bodegas en la compra de uva no vaya asociada al establecimiento de un precio mínimo por kilo de uva.
“En que se beneficia o sector se adegas que reciben axudas lle pagan ás persoas viticultoras un prezo inxusto?”, denunciaron desde la asociación, que critican que “nun contexto de tensión do mercado, a administración continúa co abandono aos pequenos viticultores, permitindo que non se lle paguen prezos xustos e que estas axudas non leven consigo que se cumpra sequera a Lei da Cadea Alimentaria”.
“Non axuda ao sector”
De esta forma, desde la AGV arremetieron contra la convocatoria, al asegurar que “beneficia ás adegas a bonificar xuros e comisións de préstamos para pagar a uva, pero permite a estas facelo por debaixo dos custes de produción”, por lo que “non é unha axuda para o sector”.
“As axudas públicas no sector vitivinícola deben estar ligadas a incrementar o valor do sector, non a financiar adegas por financialas”, defendió la Asociación Galega de Viticultores mediante un comunicado, en el que se exige que “calquera” ayuda pública al sector “veña condicionada á subscrición de contratos homologados de compra de uva, cun prezo mínimo referenciado aos custes reais de produción”. “A normativa europea xa o permite: non hai que crear nada novo, só que a Xunta o active”, concluyó el colectivo en esta carta abierta, que reclama al gobierno gallego nuevas medidas para garantizar un precio por la uva que, al menos, cubra los costes de producción de viticultores y pequeños productores, que han visto como la caída de la demanda puede afectar considerablemente en sus beneficios durante la presente cosecha.
