La Asociación Galega de Viticultores exige a la Xunta que fije un precio mínimo de 1,50 euros por kilo de uva
Pequeños productores de la comarca estudian la creación de una cooperativa al temer ingresos por debajo de los costes
La Asociación Galega de Viticultores (AGV) teme que una “grave crise” aceche sobre la Denominación de Orixe Rías Baixas: “Séguense sumando nomes á lista das adegas que estarían comunicando que este ano non recollerán uva, ou que o farían, pero cun rendemento moi inferior ao establecido no Prego de Condicións”, advierte la asociación, que reclama a Medio Rural que garantice “un prezo digno, que cubra os gastos de produción”.
De hecho, la AGV exige medidas como los contratos homologados con precio, garantías de recogida de uva y un plan a largo plazo para la Denominación de Origen. En cuanto a este importe mínimo, según los cálculos realizados por la propia asociación, tendría que alcanzar los 1,50 euros por kilo de uva para cubrir los gastos de producción en el caso de Rías Baixas.
“Precisamos paralizar as inscricións de viñedo, blindar uns prezos dignos da produción e controlar eficazmente os rendementos de produción”, señalan desde la asociación, que recalcan la necesidad de fijar de forma urgente este precio mínimo para la subsistencia de los pequeños productores: “O poder negociador das empresas non pode repercutir en vendas por debaixo dos custes de produción”, concluyen.
Propuesta de cooperativa
Una situación que ha llevado a algunos de los pequeños productores de la comarca de O Salnés a organizase y estudiar la creación de una nueva cooperativa con el objetivo de “tener más fuerza y capacidad de negociación” y “defender un precio justo que cubra los costes de producción”. Por ello, piden a los viticultores interesados en unirse bajo el paraguas de una cooperativa en apuntarse en un formulario web para realizar posteriores reuniones en las que estudiar la viabilidad de este formato.
Cabe señalar que las preocupaciones de los pequeños productores por el precio en el que se pagará la uva este año no son algo nuevo. Así, ya en junio de este año el Pleno del Consello Regulador aprobó un ruego presentado por el Sindicato Labrego Galego para que Medio Rural, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), fijase los costes mínimos de producción de uva dentro de la DO antes de la próxima vendimia. El objetivo era que los viticultores pudieran negarse a firmar o denunciar contratos de compraventa por debajo de esos mínimos, garantizando así que no se venda a pérdidas en esta campaña.
También Unións Agrarias trató la cuestión en las sesiones informativas convocadas este año en distintos puntos de O Salnés para tratar la propuesta de bajar el cupo de producción. Una cuestión que levantó una importante polémica y la oposición de todos los viticultores, que ahora vuelven a hacerse eco de sus preocupaciones por el transcurso de esta campaña.
