El conflicto por la recuperación de Xoán XXIII para su gestión pública va camino de los juzgados. Frente a los casi 800.000 euros que el Concello reclama a Proinsa por el estado del aparcamiento, la firma exige a la administración municipal 2.772.000 euros, en base al coste de construcción de las instalaciones, que ahora pasan a ser totalmente públicas.
Así se recoge en las alegaciones presentadas por Proinsa y que el Pleno de Vilagarcía rechazó ayer, con los votos de PSOE y BNG y la abstención del Partido Popular y Esquerda Unida. La premura de la convocatoria de la sesión extraordinaria, con una comisión informativa celebrada escasos minutos antes, generó un cruce de acusaciones entre Juan Fajardo (EU) y el alcalde, el socialista Alberto Varela.
En cualquier caso, la Corporación dio luz verde a la propuesta del grupo socialista para la aprobación definitiva de la liquidación, que mantiene que Proinsa debe indemnizar al Concello con 797.071 euros, en base al presupuesto de obras que, según el informe pericial, deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias de las instalaciones. Además, se deniega la devolución de la garantía, de 18.030,36 euros, depositada en su día por la empresa.
Lo que alega la firma
Los argumentos de Proinsa, sin embargo, ponen en duda hasta la misma valoración de daños realizada por el perito contratado por el Concello. En este sentido, señalan que el informe inicial valoraba los trabajos necesarios en 1,2 millones, “lo que supone más del 70 % del presupuesto de ejecución de la obra originaria” y que consideran “un verdadero despropósito que ahora el Concello pretende maquillar” excluyendo los gastos generales, los beneficios industriales, los horarios técnicos y el IVA. Además, desde Proinsa señalan que esta valoración no va sustentada por ningún presupuesto. A cambio, la antigua concesionaria valora en 62.4222, 43 euros las obras a ejecutar para subsanar los posibles desperfectos del parking que, inciden, estuvo funcionando en “condiciones de normalidad” ya que “no se ha hecho constar lo contrario en el acta de reversión”.
Además, la representación de Proinsa señala que el Concello incumple la sentencia del Contencioso de 2021, por no indemnizarlos por el precio de las obras e instalaciones ejecutadas, que ahora pasan a propiedad municipal. Consideran que la reversión del aparcamiento sin el pago de una indemnización supondría el incumplimiento de la legislación y, además, “generaría un evidente enriquecimiento injusto del ayuntamiento, que se quedaría en propiedad y, a coste cero, una valiosísima infraestructura con un coste material de ejecución de 3.517.119,26 euros”, señalan en sus alegaciones en las que piden, en concepto de responsabilidad patrimonial, algo más de 2,7 millones de euros. También reclaman la devolución de la garantía, alegando que así debe procederse “cuando el concurso de la concesionaria es fortuito”.
