El juez considera clave la ausencia del convenio de Lantero en el borrador del Plan Xeral de 2018

Hasta dos requerimientos sin contestar y la no inclusión del convenio urbanístico en el borrador del PXOM que el Concello envió a la Xunta en 2018, son las claves que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra tuvo en cuenta a la hora de apreciar “inactividad” por parte de la administración municipal. La familia recurrió, en primer término, un acuerdo plenario de octubre de 2014 en el que el Concello, a instancias del grupo municipal socialista, condicionaba la negociación sobre los acuerdos urbanísticos a las condiciones laborales existentes. Frente a este acuerdo se interpuso recurso de reposición que no obtuvo respuesta.

Unos meses después, Esquerda Unida, pedía que en la revisión del PXOM no se cambiase la actual clasificación de los terrenos de la antigua factoría, situados en la Avenida Rosalía de Castro. Tampoco fue resuelto. Ambos acuerdos se adoptaron en pleno conflicto laboral.

En agosto de 2018 la familia Lantero requirió al Concello que diese cumplimiento a su compromiso, tal y como recoge la sentencia. El alcalde, Alberto Varela, contestó en noviembre asegurando que se estaba llevando a cabo la revisión del PXOM, pendiente de emisión del documento de alcance del estudio ambiental, y que las previsiones contenidas en dicho acuerdo se incorporarían al documento de revisión de planeamiento “en la medida en que sean compatibles” con la normativa urbanística.

El convenio no se incluyó en el borrador presentado en 2018 porque, según el Concello, “no es contenido propio de este documento”, sino del que se “apruebe inicialmente”. La sentencia del Contencioso señala que, con esta frase, es la propia administración municipal la que reconoce que “incumplió los términos acordados en el convenio urbanístico”.

El fallo del TSXG, que confirma el anterior, va más allá y señala que “en referencia a que se debería de esperar la redacción final del PXOM resulta cuanto menos cuestionable ya que necesariamente lo que se aprueba deberá pasar por el trámite de revisión por el órgano ambiental por lo que difícilmente puede aprobarse un PXOM independiente y con modificaciones en principio desconocidas y ajenas al trámite”. La sentencia, que condena al Concello a incluir el convenio en el PXOM, ya es firme.

“Oportunidade perdida”

El grupo municipal de Podemos considera como “previsble” la firmeza de la sentencia que da la razón a la familia Lantero y lamenta la “oportunidade perdida por Alberto Varela de ter negociado un convenio máis favorable para Vilagarcía”. “Decidiu non facer nada”, señala la portavoz morada, María de la O Fernández González, que incide en que la “inacción” del regidor “mina a imaxe de confianza que debería ser marca da institución municipal”.

“Canto lle vai a custar a Vilagarcía a inacción de Alberto Varela?”, se pregunta Fernández González, advirtiendo de las posibles indemnizaciones que podrían reclamar los afectados.

“Vilagarcía merécese un goberno que se anticipe e que estea disposto ao diálogo para abordar os problemas e, sobre todo, que teña un proxecto para resolvelos”, asegura la edil de Podemos, que pone de ejemplo Xoán XXIII y considera que el ejecutivo ya no puede hablar de herencia porque “puideron ser parte da solución e non quixeron”.