¿Para qué sirve el Poder Judicial?
Dicen que el Consejo General del Poder Judicial es el gobierno de los jueces. Pero hay jueces que inclinan la balanza a favor del delincuente confeso novio de Ayuso tal como hace el juez Hurtado que mandó a la guardia civil registrar los teléfonos y los ordenadores del fiscal general sin tener en cuenta las declaraciones de los periodistas que dijeron que tenían en su poder el dichoso correo días antes de ser publicado. Correo que la pareja de Ayuso mandó al jefe del gabinete, Miguel A. Rodríguez que luego difundió a los medios como reconoció ante el juez, pero este no investigó su teléfono, ni el del novio de Ayuso. Ante la noticia falsa en los medios el fiscal general mandó una nota aclaratoria desmintiendo lo que decía el correo enviado por Miguel A. Rodríguez para desviar la atención del condenado González Amador, pareja de Ayuso culpando al fiscal general de ser el autor de la filtración de los correos que ellos habían hecho antes. Por lo que le pusieron una querella, y el juez Hurtado admitió con mucho gusto y mandando a la Guardia Civil a registrar los teléfonos y los ordenadores del fiscal general con datos sensibles de Estado en vez de empezar de averiguar otros orígenes de esos correos. Todo por ayudar a la pareja de Ayuso.
No hace falta ser jurista para distinguir la ética profesional de estos jueces. Para no generalizar citaremos a los tres que se están en la palestra pisando a fondo contra Sánchez. Son Peinado, Hurtado y Beatriz Biedma, que afean al sistema judicial por tramitar denuncias falsas de los ultras a la velocidad del sonido sin pruebas, recortes de prensa y otras acusaciones que sacan de la manga. Por de pronto ya consiguieron que el hermano de Sánchez dimitiera de su puesto de trabajo conseguido como miles de españoles, antes de que Sánchez fuera secretario general del PSOE y luego presidente del gobierno.
Recordar que los denunciantes acusaron al hermano de Sánchez de tener 1.400.000 euros en el banco sin justificar. El banco certificó que eran setenta mil euros. Luego inventaron otra investigación alargándola en el tiempo para desgastar al gobierno. Estos jueces investigan teléfonos y ordenadores del entorno de Sánchez, pero no investigan los teléfonos del jefe del gabinete Ayuso, Miguel A. Rodríguez el filtrador del correo que le pasó el novio de Ayuso para desviar la atención de su delincuencia.
El juez Hurtado va a por el fiscal general del Estado e imputó a testigos al no declarar como élquería. Hurtado defendió la honorabilidad de González Amador, pareja de Ayuso, delincuente confeso ante Hacienda. El juez ordena registrar teléfonos y ordenadores del fiscal general con datos de crimen organizado, de políticos, narcos, jueces y toda clase de delincuencia internacional, y el juez se saltó la ley de protección de datos pasándolos en bloque a los denunciantes ultras no relacionados con el caso poniendo en peligro la seguridad del fiscal y su familia y secretos de Estado y de muchas personas y quitándole el derecho de privacidad de García Ortiz. Si este juez no paga caro por vulnerar la ley de Protección datos es para echarse a llorar.
¿Qué tipo de jueces son estos que persiguen a las víctimas en vez de perseguir al delincuente confesó? El fiscal general no puede pagar las aberraciones de estas personas instaladas en las instituciones del Estado poniendo en peligro secretos de interés general. Por primera vez se imputa a un fiscal general para salvar al defraudador novio de Ayuso que lleva cuatro prórrogas para no declarar en el juicio pendiente por graves irregularidades de la procedencia de su patrimonio. Da la impresión que puede más la ideología de estos jueces que la ética profesional. Según Sieyes, el poder viene de arriba, pero la confianza viene de abajo.