Con todo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se oponen a los argumentos de las defensas y mantienen la petición de penas ya conocidas, como la que se solicita contra el exalcalde, de 10 años y medio de prisión, así como la multa de 15 millones de euros por la presunta actividad continuada en el ámbito del contrabando de tabaco. El Ministerio Público considera a la supuesta red responsable de la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, contrabando, revelación de secretos por funcionario público y cohecho.
Más de dos décadas
Una de las principales críticas fue a los 21 años de instrucción de la causa, tiempo en el que llegaron a fallecer tres de los doce investigados. Las defensas solicitan la prescripción de los delitos, si bien el Fiscal y la Abogacía del Estado destacaron la complejidad técnica del caso y la observancia de las garantías procesales. Un extremo que tampoco convence a las defensas, que consideran que la investigación y la instrucción estuvieron plagadas de “errores” y “subterfugios”, como las escuchas prospectivas.
