El Concello de Cambados ha vuelto a pedir a la Xunta que actúe para erradicar el punto de vertido de aguas fecales que hay en las inmediaciones del puente de Castrelo y que atribuye a la carencia de red separativa en el saneamiento de la carretera, que es de su titularidad. En esta ocasión fue a Augas de Galicia y su presidente, Roi Fernández, se comprometió a estudiar la posibilidad de cofinanciar un proyecto que podría ascender a un millón de euros.
Así lo indicó el alcalde, Samuel Lago, tras el encuentro, detallando también que, en todo caso, “non sería unha actuación a curto prazo e o Concello tería que aportar, en cofinanciación, así como a redacción do proxecto”. El regidor explicó que los colectores que hay a lo largo de un tramo de dos kilómetros de la PO-550, entre el puente de A Barca y el lugar de A Bouza, son de red mixta, es decir, que mezclan aguas pluviales y fecales. Esto provoca que en momentos de lluvia intensa, el sistema no pueda asumir una cantidad de agua superior a su capacidad, así que se producen alivios al medio. Cambiarlos por una separativa “pode rondar o millón de euros, así que lle trasladamos que resulta dificilísimo para arcas municipais acometelo”, añadió.
Recurso judicial
En la reunión con el presidente de Augas, Lago también lanzó una propuesta que, a su parecer, podría solucionar problemas como este. Le propuso que el polémico canon por la gestión de las EDAR que la Xunta empezó a cobrar a los concellos el pasado año se invierta directamente en obras como estas, pues Cambados y otros muchos concellos –de Galicia– aún tienen mucha red unitaria y se trata de obras millonarias. De hecho, ahora mismo la administración autonómica ejecuta una en el centro urbano cambadés con este propósito valorada en 1,5 millones de euros.
Según el alcalde, la propuesta no gustó mucho porque “creen que a taxa é xusta e está ben aplicada”. Sin embargo, el cambadés sigue discrepando y, de hecho, mantiene que si los recursos administrativos interpuestos no prosperan, acudirán a la justicia. Le parece “abusiva”. “Imposto á choiva”, le llamó cuando empezaron a cobrarla porque penaliza entradas extraordinarias de agua en la depuradora y que, mayormente, se producen cuando llueve intensamente y porque faltan separativas.
Este año, 300.000 euros
Lago calcula que este año les supondrá unos 300.000 euros a las arcas locales y le expuso a Fernández que le parece “contraproducente” estos pagos porque merman la capacidad inversora del Concello y, de hecho, también planteó que condonen el pago durante varios años, como han hecho con el canon por las fugas de agua potable, pero con el mismo éxito.
Lago también se interesó por el colector de la costa hasta Vilanova y le confirmaron que al no obtener la autorización de Costas para hacerlo se desistió y “tampouco tiñan constancia de se Vilanova finalmente interpuxo un recurso xudicial contra a decisión de Costas”, añadió. También recordó que su gobierno había propuesto ejecutar por lo menos el tanque de tormentas porque está fuera de dominio estatal, algo que causó un enfrentamiento política con su homólogo vilanovés. l
