Cañón y Suárez, elegidos para la Mancomunidade, protagonizan un tenso Pleno organizativo en A Illa
A Illa terminó de poner en marcha este mediodía el mandato, con el Pleno de organización que oficializa el reparto de áreas, salarios y demás cuestiones de funcionamiento. La sesión, con todo, estuvo marcada por el tono tenso que protagonizaron, especial aunque no únicamente, el portavoz del BNG y primer teniente de alcalde, Manuel Suárez, y el concejal no adscrito, Matías Cañón. El expopular marcó su línea crítica desde el primer momento, dudando de que la sesión estuviese convocada en el plazo legalmente establecido, una cuestión de legalidad que el secretario defendió en una breve intervención.
En una rocambolesca elección de representantes para la Mancomunidade, ambos, Suárez y Cañón, fueron finalmente designados como representantes electos en el órgano comarcal por A Illa, que también envía al Pleno de Exposalnés al socialista Luis Arosa, miembro nato por ser el alcalde.
La elección tuvo su momento de duda. Arosa trató desde el principio de llevar la sesión en tono conciliador y planteó la designación de representantes por propuesta de Alcaldía, para que “todos os grupos teñan representación na Mancomunidade”. Así, proponía que, además del lugar que le correspondía a él como regidor, al Bloque le correspondería otro —Manuel Suárez—, dejando a “elección” del grupo popular el nombre que quisieran dar de entre los suyos. Miguel Paz, portavoz del PP, dijo entonces que su partido proponía a Matías Cañón, quien, de facto, no forma parte del grupo popular, como había dejado claro el PPdeG ya en campaña.
Arosa planteó entonces que no podía ser y que el PP debería elegir a alguien de entre los suyos. Comenzó entonces un momento de dudas y consultas que terminó despejando el líder nacionalista, al recordar el proceso de elección de estos representantes comarcales: El alcalde es miembro nato, pero la elección de los otros dos debía votarse, libremente. Fue así como, aunque sin llegar al acto formal de votación a mano alzada, se hicieron los cálculos y se alumbró la decisión: Seis votos, de PSOE y BNG, para el propio Suárez, y cinco votos —los cuatro del PP y el del edil no adscrito— para Cañón. Quedó así despejada la tríada y, de paso, quedó claro que aunque Cañón no integra formalmente el grupo popular, sigue contando con su respaldo.
Salarios y asignaciones
El capítulo más polémico llegó con las cuestiones de salarios políticos y asignaciones a los grupos. Los sueldos para el ejecutivo fueron duramente criticados por el PP y por Cañón. Miguel Paz consideró que las dos liberaciones totales y las dos parciales que repartieron equitativamente PSOE y BNG suponían un gasto público “esaxerado”. Además, afeó a la nueva Concellería de Igualdade que en este reparto de sueldos sean “máis elevados os dos homes” (el regidor y el primer teniente de alcalde) que “o das mulleres” (la segunda y tercera tenientes de alcalde, que asumen las dos dedicaciones parciales).
Cañón y Suárez habían mantenido instantes antes un tenso episodio que no pasó inadvertido, sosteniéndose mutuamente las miradas mientras proseguía el debate de sus compañeros. En este punto, Cañón personalizó la crítica de los salarios en el nacionalista, al decir que A Illa era probablemente “o único concello de Galicia ou pode que de España no que o tenente de alcalde cobra o mesmo que o alcalde”. Suárez replicó que él mismo estaba de acuerdo en que el regidor socialista cobrase más: “Os 46.000 euros que marca a ley”, como máximo en un concello como el insular. “O que non se pode é vir aquí facer demagoxia”, espetó a los conservadores, defendiendo los salarios de gobierno como “necesarios” y “dignos” y que, legalmente, “poderían ter sido maiores”. Cañón insistió en lo elevado de las sumas y teme que por eso se terminen recortando inversiones en el municipio.
Otro momento enconado fue el de la aprobación de asignaciones que por norma le corresponden a los grupos políticos. A Illa aprobó la propuesta de 1.200 euros al año por cada grupo como componente fijo y, como variable, 30 euros al mes a cada grupo por su número de concejales. Cañón aceptó no percibir los 1.200, al no ser parte de ningún grupo, pero consideró “unha discriminación” que tampoco se le asignasen los 30 euros. “É a lei”, recordó el gobierno. “Se queres, douchos eu do meu peto”, espetó Suárez ante la insistencia del conservador, extremo que rechazó el opositor con igual ironía.
Una comisión todoterreno
Por lo demás, los plenos se cambiaron de día en A Illa: Serán ahora los viernes —en lugar de los jueves— de los meses impares, adelantándose además a las 17 horas. Las comisiones también se transforman, conformándose la especial de Cuentas —obligada por ley— y dejando todas las restantes materias dentro de una comisión genérica de “asuntos do Pleno”. La junta de gobierno atrae para sí competencias antes plenarias, como la aprobación de inversiones por debajo de un umbral de fondos que la oposición afeó por limitar el debate y el gobierno defendió por agilidad en la gestión.
