El minifundismo y la falta de trabajadores frenan la prevención de incendios
Los errores catastrales dificultan, a su vez, la labor de control que los concellos ejercen sobre los titulares
Este 31 de mayo es la fecha límite que establece la normativa vigente para que los propietarios de parcelas ubicadas en las conocidas como fajas secundarias realicen las tareas de limpieza pertinentes. El problema es que, más allá de lo que dicte la ley, el minifundismo que caracteriza a Arousa, y en general a Galicia, la falta de profesionales para desbrozar terrenos, errores en el catastro o el desconocimiento de estas obligaciones son algunos de los problemas a los que se enfrenta la comarca cuando se trata de gestionar biomasa para prevenir incendios forestales.
Con todo, y a pesar de que los fuegos continúan siendo una plaga en los meses estivales, la Consellería de Medio Rural y la empresa pública Seaga han establecido un convenio —vigente hasta 2029— para gestionar la biomasa en las fajas secundarias, es decir, en zonas de protección estratégicas de 50 metros ubicadas en torno a los núcleos de población, infraestructuras y zonas edificadas. La idea es crear así “cortafuegos” alrededor de espacios habitados.
Este convenio busca prestar ayuda a los municipios para ejecutar limpiezas subsidiarias en zonas de riesgo en las que los propietarios no cumplen con sus deberes. Caldas es uno de los 298 concellos que ya ha solicitado adherirse a este acuerdo para trabajar de la mano en materia de prevención. De Arousa, todos los concellos lo han solicitado a excepción de A Illa de Arousa.
Errores catastrales
“Dende o Concello enviamos aos propietarios os requirimentos de limpeza, pero ás veces os datos do catastro non están ben e moitas notificacións veñen de volta porque non se trata do propietario correcto, entón témolo que publicar no Boletín da Provincia e así ralentízase moito todo”, explica Ana Sánchez, ingeniera forestal en el Concello caldense.
Cuando las administraciones se topan con estas trabas, tienen la opción de recurrir a limpiezas subsidiarias. Sin embargo, esta opción no parece ser la más sencilla, ya que obliga a pasar también por un proceso legal complejo. “As limpezas subsidiarias son complexas porque requiren pasar por ese proceso previo de impor as multas. Despois tamén depende un pouco dos traballos que haxa que realizar… O que intentamos é que os propietarios realicen as limpezas porque para nós este outro é un proceso longo”, explica Sánchez. Y es que precisamente la labor de Seaga aquí sería facilitar y agilizar este procedimiento para llegar a tiempo en prevención.
La Ley establece una sanción de 900 euros por hectárea de superficie de parcela no gestionada
Por el contrario, en Pontecesures aún no se han adherido a este convenio, pero la intención es poder hacerlo pronto. “Hai tanto terreo en mal estado, aínda que Cesures é pequeno. Nós subsidiariamente procuramos facer a limpeza, pero non temos os medios”, explica Jorge Janeiro Cortés, concejal de Obras y Urbanismo en el Concello. Janeiro coincide con Caldas en las dificultades que abordan las administraciones para dar con los propietarios de los terrenos. “Cando recorremos ao catastro ás veces atopamos herdeiros ou máis dun propietario e, a partir de aí, véschete nun proceso complicado porque tes que facer as notificacións correspondentes nos boletíns”, cuenta.
“Non hai quen limpe”
Más allá de las administraciones, las comunidades de montes ponen sobre la mesa otra problemática: la falta de profesionales. “O problema, dende o meu punto de vista, é que se tes unha parcela pequena antes a xente vivía nas aldeas e facíano eles, pero agora cada vez hai menos profesionais. Nós traballamos con 100 hectáreas e atopamos problemas para facer os traballos de limpeza, porque estes buscan maior superficie para sacar maior rendemento e amortizar a maquinaria”, cuenta Alfonso Castiñeiras, presidente de la Comunidad de Montes de Lantaño. Y es que, más allá de la obligación legal, parece que muchas veces también entra en juego la falta de personal cualificado. “A xente quere cortar, pero non consegue quen vaia cortar”.
Un total de 298 concellos han solicitado adherirse al convenio entre Medio Rural y Seaga. De Arousa todos menos A Illa
Concentración parcelaria
En todo este debacle entran también las concentraciones parcelarias que la Xunta está tratando de gestionar en distintas parroquias del territorio autonómico. Este proceso administrativo, por el que se agrupan parcelas dispersas de un mismo propietario para unificarlas en fincas más grandes y regulares, sería clave para reducir este minifundismo y que los profesionales, a la hora de actuar en una parcela, tengan más facilidades para transportar la maquinaria y trabajar. Además, con la parcelaria también se “solucionaría” la problemática del catastro, ya que los datos de los propietarios son actuales y facilitan la identificación de las fincas.
Sanciones de 900 euros
Las multas son otras de las protagonistas en gestión de biomasa. La Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, establece una sanción de 900 euros por hectárea de superficie de parcela no gestionada, algo que desde la Comunidad de Montes de Saiar ven como una medida “eficaz” en prevención de incendios. “Creo que nós só aprendemos cando nos tocan o peto. Se voluntariamente non o fas, non quedará outro remedio. Agora noto unha progresión, igual que coa limpeza dos montes. Creo que cada vez a xente é máis consciente e fai as labores que ten que facer. Pouco a pouco iso vaise aprendendo”, sentencia José Manuel Suárez, presidente de los Comuneros de Saiar.
